Aborto: la negación colectiva

La interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo una problemática tan tabú que aún hoy cuesta pronunciar la palabra aborto vocalizando bien cada una de sus letras, porque en cada una de ellas se pelean la moral, los prejuicios, las ideologías, los derechos de la mujer y la desesperación, siempre presente en todos sus fonemas. 

 Por Alba Cueva

      

No se puede analizar este problema sociocultural, ni su alcance, ni su dimensión, sin comprender que cuando una mujer se somete a un aborto, ya sea mediante una intervención quirúrgica o farmacológica, es porque no ha encontrado ninguna otra alternativa de solución menos dramática. Por se debe hablar de “embarazos no deseados”, sus causas son infinitas pero siempre implican una decisión. July Chaneton y Nayla Vacarezza, en su libro “La intemperie y lo intempestivo”, remarcan que “esta experiencia subjetiva obliga, imperiosamente, a repensar las condiciones históricas de posibilidad de ciertos sujetos sociales y no otros, por que la clase a la cual se pertenece modifica las formas de hacer o deshacer estas subjetividades”.

 Como sociedad nos rehusamos a analizar este conflicto y lo colocamos en el ámbito de la ilegalidad, como si pudiera quedarse ahí para no molestar a nadie. La Federación Internacional de Planificación Familiar calcula que cada año ocurren 44 millones de abortos de los cuales alrededor de 15 millones son clandestinos. En nuestro país, se estima que por año “se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo: casi un aborto por cada nacimiento registrado”, según datos de la periodista Mariana Carbajal. “La penalización del aborto lo que produce es la penalización de la pobreza”, asegura la jurista argentina Aída Kemelmajer, ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Actualmente no quedan dudas que su ilegalidad no disuade a las mujeres de realizarlos sino que, por el contrario, aumenta los riesgos en los que éstos se realizan. 

 Nos empeñamos en mantener la problemática por fuera de los datos oficiales, por fuera de las políticas estatales, por fuera de los debates legislativos. Mientras nosotros acrecentamos esta ceguera más de cien mujeres mueren por año en nuestro país. Mujeres que no encuentran contención en los programas de salud, que sufren en carne viva el estigma y la humillación social.

Las políticas públicas de salud sexual y reproductiva en nuestro país y en nuestra ciudad permiten que su ilegalidad acreciente la injusticia social y, por ende, que sigan muriendo las mujeres de bajos recursos que no pueden enfrentar los altos costos del ‘mercado negro’.

El estigma de pertenecer a una clase

 En el instante en que una mujer decide interrumpir su embarazo, la realidad, como un guantazo, le recuerda a qué clase pertenece. Llevar a cabo la decisión tomada para la mujer de clase media y alta no implica, en principio, grandes riesgos. En Mar del Plata existen, por lo menos, tres reconocidos centros donde ginecólogos calificados realizan abortos en condiciones de asepsia e higiene. Se los puede reconocer como ‘clínicas privadas’ o ‘centros de estética y belleza femenina’, el precio de una primera consulta varia entre 100 y 150 pesos, pero el costo de la intervención alcanza los 6000 pesos. Una cifra justificada únicamente por su componente clandestino e ilícito.       

   

 La prueba más genuina de los abortos realizados en nuestra ciudad, en el sector privado, resulta del testimonio de aquellas mujeres que han pasado por esta experiencia y tienen el valor necesario para contarla.

 María hoy tiene 30 años pero recuerda cuando con 23 decidió abortar: “Ya era grande es decir no tenía ese respaldo social de ‘bueno, es chica’ y recibí el estigma incluso de mi mejor amiga que me dijo: -lo tendrías que haber pensado antes- . A mi me mató porque yo no quería tenerlo, tenía muchos sueños por cumplir y no entraba un hijo y me sorprendió como personas que yo creí que me iban a  apoyar porque eran de mi edad y mi clase social me condenaron. Hablé con otras amigas que habían vivido lo mismo y me recomendaron ir a un Centro conocidísimo. Primero tuve una consulta, me explicaron todo y al otro día fui por la mañana con mi pareja y me colocaron un óvulo. Después volví por la tarde, ahí me inyectaron un sedante y no supe más nada. Cuando desperté una enfermera me decía que tenía que irme pero yo no podía moverme, me dolía todo el cuerpo. Los días que siguieron fueron duros pero salió todo bien y hoy agradezco haber podido acceder a un lugar así.”

       La práctica, en sí, es similar en los distintos establecimientos, se introduce Misoprostol por vía vaginal y, horas más tarde, se realiza anestesia de manera general. Al despertarse la paciente debe marcharse rápidamente, ya que la ‘clandestinidad’ implica la ambulatoriedad, en perjuicio de su salud. La utilización de Misoprostol en la actualidad está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, en su informe acerca del aborto farmacológico.

       

  Jésica en cambio tenía tan sólo 17 años en el momento en que quedó embarazada, todavía iba al secundario. “Cuando mi ginecóloga me lo dijo me largué a llorar del miedo, ella entendió el terror que yo tenía y me recomendó un médico de confianza que practicaba abortos, que quedaba en el centro. El lugar era tétrico, con esa carga idiota de “clandestinidad” que uno le pone encima, era oscuro y olía a humedad. Fui con mi novio y nos enteramos del procedimiento, después me costó muchísimo decírselo a mi mamá, estaba obligada porque era menor y necesitaba su autorización. Días después fui, me anestesiaron y me desperté en otro cuarto, el médico me dijo que había salido todo bien, que iba a tener pérdidas por tres días y que cuando me pudiese mover me tenía que ir. Pasé mucho días de reposo, en ese momento no comprendí por qué el derecho a decidir sobre mi cuerpo podía ejercerlo pero de manera oculta, poniéndome en riesgo. Hoy todavía no lo entiendo”, reflexiona con la voz entrecortada.

       En nuestra ciudad forma parte del saber ciudadano poder localizar los ‘aborteros’, conocer sus precios e incluso sus métodos. Probablemente porque dentro de la sociedad, en ese lugar oscuro de lo que se sabe pero no se dice, conviven individuos que aceptan que este mercado existe y existirá. Incluso estas ‘clínicas’ ganan reputación como lugares confiables para mujeres que buscan, desesperadamente, verse protegidas. Varios testimonios agradecen haber recibido ayuda económica de familiares y amigos para poder pagar los altos costos de esta “seguridad”.        

Eugenia tuvo lo suerte de “resolverlo en un día, hay otras que no tienen esa posibilidad”. Hoy es madre de dos niñas y lamenta no haber podido planificar mejor su vida reproductiva como para evitar someterse a una situación de ese tipo. Ella asegura que le gustaría que a sus hijas le enseñaran a pensar la maternidad desde la secundaria, a través del debate y el diálogo. 

  El sociólogo Jorge Pailles lleva más de treinta años en el estudio de la salud sexual y reproductiva de Latinoamérica, sostiene que “las clases altas, en general, tienen mayor libertad de expresión porque tienden a estar evadidas del pensamiento del otro. En cambio, en las clases bajas las personas allegadas son más sancionadoras. Hay más cuidado, más vergüenza de decirlo, es más el silencio y, por ende, es muy difícil sacar el tema por la persecución que cargan. La mujer que llega a una buena clínica de aborto se siente protegida, pero la de clase baja siempre está desprotegida”.

 Las mujeres de estratos socioeconómicos bajos son las principales víctimas de los errores y las falencias de los Centros de Salud, encargados de resguardar la salud sexual y reproductiva y de brindar lo que se denomina consejería en anticoncepción. Cualquier inoperancia en estos programas de prevención son, en muchos casos, las causas principales del aborto.

Un embarazo no deseado no es admitido en los sistemas de salud público que sancionan y juzgan las decisiones personales de las pacientes o el simple desamparo de la indecisión. Se construyen sistemáticas barreras frente a cualquier tipo de interrupción, se instaura la sordina, el ruido apagado. Se extiende la vasta jurisdicción en donde nadie interviene, hasta que las reciben con hemorragias o complicaciones post aborto.

 Generalmente, en este punto, los centros las derivan a los Hospitales Públicos. Las mujeres que se ven obligadas a internarse lo hacen en situaciones extremas donde corre peligro su vida misma o su genitalidad. Los abortos hoy en día continúan siendo la primera causa de mortalidad materna, pero la muerte no es la única secuela.

 Para el doctor Miguel Pasculi, Jefe de la Unidad de Diagnóstico Prenatal del Hospital Materno Infantil, en Mar del Plata cambiaron “mucho las cifras de mortalidad femenina porque anteriormente la forma de inducir un aborto era poniéndose cuerpos extraños o con métodos caseros como sondas, agujas de tejer, tallos de perejil. La desesperación de las mujeres puede llevarlas a hacer cualquier cosa”. Pasculi afirma que hubo un gran cambio a partir de que se popularizó de forma clandestina el uso de prostaglandina, Misoprostol. “La tendencia al aborto provocado no disminuyó ni mucho menos, pero antes se veía mucho síndrome de Mondor, que es el aborto ya infectado, en éstos casos la mitad de las pacientes morían,  con el Misoprostol se observan menos complicaciones, al punto que  muchas veces no es necesario ni intervenir”, agrega.

       El aborto séptico constituye en la actualidad un problema médico, social y económico a nivel mundial: por la gran demanda de atención médica, por los elevados costos y por las tasas de morbilidad y mortalidad materna. “Las complicaciones por abortos inseguros consumen una gran proporción de recursos del sistema sanitario, quince veces más que la atención de un aborto de manera segura y puede significar una gravosa carga económica sobre el sistema de salud”, argumentan Anibal Faúndes y José Barzelatto en “El drama del aborto, en busca de un consenso”. Resulta mucho más conveniente enfrentar el problema: invertir en políticas de prevención y de atención frente a embarazos no deseados, que seguir negándolo.

El derecho sobre uno mismo

Como refieren Jorge Pailles y Luis María Aller Atucha, en el libro "La práctica delaborto en argentina" : “La mujer que ha decidido abortar está condicionada por el entorno, es el que la define y limita sus opciones. Cada situación depende del contexto social de pertenencia, el nivel de ingreso, si el ambiente es urbano o rural y otros factores culturales y sociales, pero todos tienen un denominador común: la ausencia de programas de planificación familiar”.

 “Los derechos sexuales y reproductivos son parte integral de los derechos humanos. Todas las personas tienen el derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos”, considera la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (Figo). Sin embargo, diez Ongs de nuestro país presentaron ante la Organización de Naciones Unidas un informe donde denuncianque el acceso a servicios de salud sexual yreproductiva está librado al arbitrio de la voluntad de los poderes ejecutivoslocales, incumpliendo el Estado nacional su obligación de garantizar los derechos humanos de toda la población.

      

Si se asume una política que tiene como bandera la defensa de los derechos humanos, no se puede ignorar el problema del aborto porque atenta contra los derechos individuales de las mujeres.     

 Para la abogada y referente del partido Libres del Sur, militante por la legalización del aborto, Victoria Vuoto, está claro que tenemos una legislación antigua, que tenemos una norma penal que tiene como fin prohibir que esa conducta se lleve a cabo, a través del temor a la sanción. Pero la norma no sólo no cumplió los objetivos, sino que generó gran cantidad de efectos adversos. Por eso resulta necesario que la práctica se introduzca en el ámbito de salud. “Cuando una mujer se encuentra frente a un embarazo no deseado o cuando desea planificar su maternidad, todo eso es parte de la política pública de salud de un gobierno, no del derecho penal, es un problema social, no se puede penalizar la pobreza, tampoco el aborto”, opina Vuoto.

  Por eso más de doscientas organizaciones de la sociedad civil se han reunido para presentar ante el Congreso un proyecto de ley que ya ha obtenido la firma de más de una veintena de diputados de las principales fuerzas políticas. Sin embargo, su debate legislativo continúa postergándose en la Cámara de Diputados. ¿Acaso las mujeres pobres, que mueren a causa de la penalización, no tienen poder político para los legisladores, no tienen carácter de urgencia?. 

 El problema nos transforma como sociedad, pero también como individuos, porque no sólo es imperioso modificar las legislaciones vigentes que acrecientan la injusticia social, sino cambiar nuestras actitudes, nuestro punto de vista frente al aborto. Únicamente el desarrollo de nuevas subjetividades puede implicar cambios estructurales en la sociedad. “El aborto constituye una clara señal de una fracaso social, el fracaso de millones de individuos para prevenir embarazos no deseados a través de la anticoncepción y el fracaso del gobierno para llenar las necesidades insatisfechas de la planificación familiar”, confirman Jorge Pailles y Luis María Aller Atucha. 

 Quitémonos las vendas, veamos a las cientos de mujeres que mueren por ser pobres, por nuestra negación, por nuestra desidia. La indiferencia gubernamental se contradice con las promesas políticas de igualdad y nos revela que, en verdad, perpetuar la inequidad sigue siendo la base de nuestro sistema.