Aumenta el boleto, disminuye la inclusión

En 2008, durante la gestión del ex intendente Gustavo Pulti se presentaron las primeras rampas para colectivos del municipio, en los pliegos realizados en aquel momento se indicaba que para fines de ese año, 80 unidades contarían con el servicio y que la frecuencia sería de solo 34 minutos entre cada línea con acceso para discapacitados motrices, algo que nunca se cumplió.

Por Sebastián Alí, Leonardo Ibarlucía y Fernando Sánchez

El acceso al transporte público de pasajeros para personas en sillas de ruedas es cada vez más difícil debido al escaso control que ejercen las autoridades sobre las empresas concesionarias de estos servicios, las cuales deberían adecuarse a las normas vigentes y garantizar que la sociedad en su conjunto pueda utilizar un servicio tan importante. Sin embargo, las autoridades, claramente se preocupan más por el aumento del precio del boleto que por la integración y el correcto funcionamiento del sistema.

Las empresas que ganan licitaciones tienen el deber de cumplir con los requisitos que pide el Estado, que es quien brinda los contratos, algunos de estos son que el 15% de los colectivos cuenten con rampas y que cada año ese promedio se aumente un 15% más, o la utilización de chasis bajos en las unidades. No obstante, como viene sucediendo en los últimos gobiernos de General Pueyrredon, los controles escasean, las empresas no se adecúan y la gente en estas condiciones queda excluida del servicio de transporte. Si bien la limpieza de las unidades, el cumplimiento de las frecuencias y los aumentos que se registraron (y que se quisieron imponer) son algunas de las quejas más comunes de los usuarios, no son tantas las voces que protestan en nombre de la porción de la población que, por distintas circunstancias, tiene que movilizarse en silla de ruedas y, por lo tanto, encuentran menos respuestas y más impedimentos.

En este sentido, Gustavo Maglione, asesor jurídico de la Dirección Municipal de Discapacidad, expresó: “Las rampas no existen, aunque sería lo correcto que existieran. Lo que sí hay son algunas unidades con plataformas, pero gran parte de ellas no funcionan, lo que nos pone en una situación bastante deplorable en cuanto a la accesibilidad de personas con discapacidad en los medios de transporte público. Ésta es una constante denuncia que viene desde hace muchos años, por parte de la Comisión de discapacidad del Concejo, nosotros desde la delegación y también personas particulares”.

“La municipalidad, en lugar de controlar a las empresas concesionadas, tuvo que salir a suplir ese déficit contratando móviles privados como lo es la empresa Servisa. Realmente la ciudad está en falta con lo que refiere al sistema de transporte. Tenemos algunos vehículos con plataformas que no sirven o que tienen un servicio limitado. Se hace la idea de que la plataforma sirve únicamente para sillas de ruedas, pero la persona con consecuencias, por ejemplo, del polio, se moviliza con bastones canadienses y, por lo tanto no puede subir escalones. El sistema es deficitario por donde se lo mire, primero porque las plataformas que hay no funcionan y segundo porque, las que funcionan, no sirven para todo tipo de discapacidad”, agregó Maglione.

Desde las empresas apoderadas de las concesiones, argumentan que no existen unidades con las rampas porque “no son de uso masivo”, lo que deja en claro la posición de las mismas en lo que refiere a inclusión e igualdad. Al respecto, el abogado señaló: “El argumento de ellos es que no están porque se les da muy poco uso, según las estadísticas que manejan. Pero en realidad lo que nosotros exigimos es que hay que cumplir con la ley antes que nada. Después discutimos la frecuencia, pero tienen que adecuarse desde el vamos. Acá hay que tener colectivos con chasis bajos y, más allá del estado de las calles, en el 90% de la ciudad tendrían que andar sin problemas y, sin embargo, se rehúsan a utilizarlos”.

 

Por otro lado, Cristian Azcona, concejal del Frente Renovador y vicepresidente de la comisión de Tránsito y Transporte, brindó su opinión de este contexto adverso para la inclusión y fue tajante al respecto: “Lo que venimos padeciendo en esta ciudad es que pasa el tiempo, pasan los gobiernos y no solucionan el tema. No solamente faltan las rampas en los colectivos, sino también todos los accesos que tendrían que tener los discapacitados al momento de usar el transporte público y circular por Mar del Plata”.

El transporte público de pasajeros en la ciudad contiene un pliego de condiciones en el contrato que contempla la posibilidad de que, paulatinamente, se debería llegar en un futuro al 100% de las rampas en los colectivos, pero la realidad es que hoy no funciona ninguna. De la totalidad de las unidades que están circulando en Mar del Plata, deberían funcionar al menos un 15% con rampas y en ese mismo porcentaje debería incrementarse año a año hasta llegar al objetivo de abarcar todas las unidades: “Obviamente que hay un Estado ausente en las políticas de control, porque si el estado estuviera presente y controlando, los colectiveros y las empresas de transporte tendrían que acogerse al pliego que ganaron y que contempla la posibilidad concreta de que en Mar del Plata sea accesible”, agregó el concejal del Frente Renovador. Mientras que Maglione dijo al respecto: “Totalmente de acuerdo con Azcona, pero el tema es que ya tendrían que estar en funcionamiento esas frecuencias. La ordenanza es de hace más de cinco años, por lo que a esta altura tendrían que estar funcionando el 100% de las unidades con rampas”.

Azcona, estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo durante nueve años, por lo que se mantuvo en constante roce con la problemática y es palabra autorizada: él mismo se encargó de realizar un informe sobre la situación de las rampas de las veredas de los paseos de la ciudad, más precisamente en la zona de Playa Grande, donde deja evidenciado, con imágenes incluidas, que la situación es más que irregular y que hoy en día la ciudad es un obstáculo gigante de exclusión agravado por la pasividad del Estado al respecto: “El municipio está ausente en lo que refiere a políticas de control. Es por eso que los empresarios no se adecúan, no hacen cumplimiento efectivo del pliego. No es una crítica política, es una crítica objetiva que perdura a medida que pasan los gobiernos. Y obviamente tiene que haber una política de control por parte del Estado, pero también tiene que haber una concientización por parte de los automovilistas, que muchas veces no respetan”.

Cuando todavía no había sido aprobado el último aumento del boleto en el Concejo Deliberante (el cual lo llevó al precio actual de $6,86), los representantes de las empresas concesionarias ya habían pedido expresamente que la tarifa alcance los $8. A pesar de las condiciones del servicio brindado, los empresarios consiguen regularmente que sus demandas sean prioritarias por sobre las de los usuarios.

Las empresas, no solo no cumplen con las obligaciones básicas que conllevan llevar adelante el servicio, sino que inclusive se mantienen por fuera de los marcos regulatorios, como por ejemplo al no publicar los recorridos y horarios de las unidades equipadas para el transporte de personas en sillas de ruedas. Sobre esta situación, el ex candidato a intendente afirmó: “El ejecutivo se apuró más en hacer efectivo el aumento del boleto que en controlar que se cumpla con lo pedido en la licitación. Cuando se habla del transporte público de pasajeros, la única discusión que yo vi durante muchos años se da cuando piden el aumento del boleto colectivo. Las empresas de colectivos son culpables, pero creo que el culpable más grande es el Estado. Nosotros, que representamos el Estado, tenemos que garantizar que el discapacitado pueda subir y tenemos que hacerlo con una política presente. Obviamente que si no hay controles, esta será una ciudad descontrolada”.

En resumen, la inclusión de las personas en sillas de ruedas es una problemática que la ciudad de Mar del Plata (y muchas otras como Mendoza y Córdoba) viene arrastrando hace tiempo, pero que no muestra señales de mejorar, todo lo contrario: involuciona. Mientras tanto, el Estado no controla y otorga aumentos a los empresarios, los cuales se mantienen por fuera de las normativas vigentes y dejan excluidas de un servicio vital a miles de personas, pero cuyas voces no tienen el mismo peso que las de los magantes del transporte: “El gobierno actual y el anterior, y el anterior y así sucesivamente, siempre estuvieron fuera de la ley. Esto no es cuestión de un gobierno ni del otro, sino de todos los que pasaron porque nunca se cumplieron las normas. Aunque tengamos una de las mejores legislaciones en el mundo con respecto a este tema, existe un gran abismo entre lo que manda la letra chica de las normativas y lo que rige en la práctica, definitivamente”, finalizó Maglione. 

Ley N° 24.314

La accesibilidad de personas con movilidad reducida a los transportes públicos de pasajeros está contemplada en la Ley N° 24.314, sancionada y promulgada en 1994 por el Senado y la Cámara de Diputados con el fin de sumar puntos importantes a la Ley N°22.431. Las líneas agregadas establecen en el Artículo 20, como prioridad, la "supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida".

Además en el artículo 22, se aclara la aplicación de la ley a los transportes terrestres, aéreos y acuáticos de cortas, medianas y largas distancias, los cuales no deben presentar barreras para el acceso y utilización por parte de las personas discapacitadas. Lo expresado allí representa que los colectivos que circulan por la ciudad, deberían contar con rampas o elevadores que permitan el uso de este medio público a quienes cuenten con dificultades motrices que le compliquen el ascenso o descenso por escaleras.

Un problema que no es solo marplatense

“Según confirman estudios realizados por expertos, se estima que cientos de millones de personas con discapacidad viven en zonas donde no se dispone de los servicios necesarios para ayudarlos a superar sus limitaciones. Estos están expuestos a obstáculos ya sean físicos, culturales y/o sociales que no les permiten una calidad de vida digna”- Organización de las Naciones Unidas.

La persona con discapacidad tiene el derecho de poder subirse a un colectivo con las condiciones que requiere y sabiendo la frecuencia con la que circulan cada uno de ellos. Cuando se habla de obstáculos físicos, se refiere al impedimento de poder subirse a un colectivo de manera fácil y agilizada. Cuando se habla de obstáculos culturales y sociales se hace referencia al desconocimiento por parte de las personas con discapacidad de la frecuencia con la que circulan los transportes, de las largas esperas en las paradas y de la consecuencia que esto conlleva, como por ejemplo llegar tarde al lugar de trabajo.

Fotos: las fotos fueron tomadas de distintos sitios de internet.