Educar tras las rejas

Por Valeria Barberis, Yanina Deluca y Sofía Lorenzana

Según el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […] de enseñar y aprender”. Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), “la educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos”. Sumado a estas citas, la Ley Nacional de Educación (N° 26.206) sancionada en el año 2006 que regula y enmarca el funcionamiento del sector educativo, señala que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

¿Pero qué sucede en el caso de una persona privada de su libertad?
 

El Estado debe garantizar y promover el goce efectivo del derecho a aprender junto con todos los demás derechos humanos, ya que en teoría la persona encarcelada sólo está privada de su libertad de forma momentánea. Por ende, el derecho a aprender, el cual vamos a tratar en este caso, debe poder practicarse con total normalidad.

“Profe, ¿yo voy a ir a la facultad? No, eso no es para mí.”
 

Esa es una frase que podría ser escuchada en cualquier ámbito estudiantil. Por estas épocas, alumnos de todos los colegios comienzan a plantearse su futuro. Pero, ¿qué sucede cuando parte del futuro ya está predeterminado? ¿Cuándo las chances de conseguir ese objetivo son tan mínimas que nadie cree que sea posible? El Estado debe establecerse con fuerza. 

La cárcel es el lugar en el cual terminan aquellas personas que, en su mayoría, no han gozado plenamente de educación, trabajo, salud, vivienda y otro tipo de garantías y derechos que el Estado debe proveer. Muchas son las investigaciones y trabajos que analizan la responsabilidad y las consecuencias de un Estado ausente. 

En este caso, vamos a interiorizarnos en la situación del Complejo Penitenciario Batán, el cual está conformado por las unidades 15, 50 y la Alcaidía Penitenciaria (ex U. 44). Allí, son cinco los lugares para poder ejercer el derecho a la educación: Escuela Media N°14, Escuela Técnica N°3, Centro de Formación Profesional N°408, Escuela Primaria N°734 y a través de distintos convenios con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Casi la mitad de la población carcelaria está estudiando en alguna de las instituciones.

Si bien estas instituciones tienen como principal objetivo impulsar un derecho fundamental como la educación, los intereses por los cuales los internos deciden estudiar dentro de los penales son variados. Algunos de ellos utilizan las diferentes opciones educativas para ocupar parte de su tiempo y poder olvidar, al menos por un tiempo, su condición  de encierro. “El vínculo acá es muy importante, y afuera también. Muchas veces, se acercan por una cuestión de conveniencia, pero después terminan siendo parte de la escuela porque quieren, porque están comprometidos. Se sienten contenidos”, cuenta Gabriela Orsi, profesora de biología y física. 

Por otro lado, hay quienes utilizan los estudios a modo de “carta de presentación” ante la justicia, porque pueden llegar a servirle para obtener beneficios, como por ejemplo, la disminución de parte de su pena por buena conducta.

Las instituciones cuentan con profesores que eligen trabajar allí por voluntad propia y por la pura vocación de enseñar: 15 en la escuela técnica, 20 en la media y  15 en el centro de formación. Los docentes no cuentan con ningún tipo de capacitación. A partir del año pasado, es posible realizar una carrera post – título en el Instituto de Formación Docente Nº 19, para trabajar en el contexto de encierro. En base a esto, desde el Complejo Penitenciario, buscan realizar algún proyecto en conjunto con la institución.

Además, para continuar promoviendo el derecho a la educación en la población de los penales, los docentes y los coordinadores impulsaron el Plan de Alfabetización. Se aprovechan las instituciones y a los mismos internos como tutores de otros. Funcionan a modo de nexo entre la institución y el alumno, brindando no sólo ayuda en  los estudios sino también apoyo moral y contención. 

La duración de los estudios depende del nivel de formación previa que haya tenido el interno. En primer lugar, se les realiza una nivelación para ubicarlos en la institución correspondiente. Muchos de ellos ni siquiera cuentan con el nivel básico de alfabetización, por lo que se les brinda la posibilidad de aprender a leer y escribir para luego continuar con los ciclos. Si bien no se requiere ningún tipo de documentación para estudiar dentro de los penales, sí se necesita a la hora de expedir los certificados. Claro que en algunos casos la falta de documentación de los internos dificulta la realización de los títulos. Según cuentan los coordinadores de las áreas, existen casos de gente que cursa todo el año pero nunca consigue su documentación, por lo cual no puede acceder al título. Es importante destacar que el certificado de finalización de estudios es el mismo que para cualquier otro establecimiento, en ningún momento se detalla que hayan sido terminados dentro de un penal. Reinaldo José Gruf, secretario de la Escuela Media N° 14, explica que: “En contenidos tenemos la orientación del plan que creo que es acorde al contexto social. Pero también, como decimos nosotros, está en la calle. Es el mismo plan, las mimas materias que cualquier escuela. Salen de acá y pueden seguir estudiando.”

 

En un principio, el promedio de edad de los internos que elegían estudiar era de 40 años, aproximadamente. Actualmente, el impacto de la droga en la juventud se hace notar y el promedio roza los 18 años. 

El nivel educativo con el que llegan a la cárcel es muy bajo. En la mayoría de los casos no tienen comprensión lectora. “Un alumno que tenemos hace muchos años nos contó todo su caso y nos explicó que ha firmado cosas que  no comprende. Que es lo que hacen todos, hay dos o tres que más o menos entienden y son los que interpretan y ayudan a los demás. Esa situación es tremenda, por eso el primer año está orientado a comprensión lectora, trabajamos más que nada eso, y en segundo se nota muchísimo el cambio” describe Gabriela.

La implementación del sistema educativo en una institución carcelaria tiene sus dificultades. Debe convivir una institución dentro de otra; la escuela en la cárcel. Y para eso se deben articular muchas cuestiones, como por ejemplo los horarios de comidas y las medidas de seguridad. En ese aspecto hay una gran diferencia con una escuela de afuera.

En lo personal, el trabajo de los profesores es muy gratificante porque se sienten útiles: “Venís y decís: “Mañana no hay clases porque es feriado”, y te responden: “Uh, que garrón, ¡no me digas!”. Esa es otra gran diferencia, acá te están esperando desesperados, y se siente que lo que uno tiene alguien lo valora. Como que nuestro trabajo cobra mayor sentido, acá hay mucho afecto”, comenta la profesora de biología y física. Dentro de cada unidad penitenciaria hay diferentes regímenes de encierro, por lo que para algunos el momento de ir a la escuela es la única salida que tienen, aunque la escuela se encuentra en la misma unidad que él está alojado. 

Para muchos internos, la escuela se transforma en un espacio de libertad, el único lugar donde se encuentran con eso que perdieron. Al final es la escuela la que traspasa los muros. Porque  la educación es, para todos, el arma para la libertad.