La
interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo una problemática tan tabú
que aún hoy cuesta pronunciar la palabra aborto vocalizando bien cada una de
sus letras, porque en cada una de ellas se pelean la moral, los prejuicios, las
ideologías, los derechos de la mujer y la desesperación, siempre presente en
todos sus fonemas.
Por Alba Cueva
No se puede analizar este problema sociocultural, ni su alcance, ni su
dimensión, sin comprender que cuando una mujer se somete a un aborto, ya sea
mediante una intervención quirúrgica o farmacológica, es porque no ha
encontrado ninguna otra alternativa de solución menos dramática. Por se
debe hablar de “embarazos no deseados”, sus causas son infinitas pero siempre
implican una decisión. July Chaneton y Nayla Vacarezza, en su libro “La
intemperie y lo intempestivo”, remarcan que “esta
experiencia subjetiva obliga, imperiosamente, a repensar las condiciones
históricas de posibilidad de ciertos sujetos sociales y no otros, por que la
clase a la cual se pertenece modifica las formas de hacer o deshacer estas
subjetividades”.
Como sociedad nos rehusamos a analizar este conflicto y lo colocamos en el
ámbito de la ilegalidad, como si pudiera quedarse ahí para no molestar a nadie.
La Federación
Internacional de Planificación Familiar calcula que cada año
ocurren 44 millones de abortos de los cuales alrededor de 15 millones son
clandestinos. En nuestro país, se estima que por año “se producen entre 460
mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo: casi un aborto por cada
nacimiento registrado”, según datos de la periodista Mariana Carbajal. “La
penalización del aborto lo que produce es la penalización de la pobreza”,
asegura la jurista argentina Aída Kemelmajer, ex miembro de la Suprema Corte de
Justicia de Mendoza. Actualmente no quedan dudas que su ilegalidad no disuade a
las mujeres de realizarlos sino que, por el contrario, aumenta los riesgos en
los que éstos se realizan.
Nos empeñamos en mantener la problemática por fuera de los datos oficiales, por
fuera de las políticas estatales, por fuera de los debates legislativos. Mientras
nosotros acrecentamos esta ceguera más de cien mujeres mueren por año en
nuestro país. Mujeres que no encuentran contención en los programas de
salud, que sufren en carne viva el estigma y la humillación social.
Las políticas públicas de salud sexual y reproductiva en nuestro país y
en nuestra ciudad permiten que su ilegalidad acreciente la injusticia social y,
por ende, que sigan muriendo las mujeres de bajos recursos que no pueden enfrentar
los altos costos del ‘mercado negro’.
El estigma de pertenecer a una clase
En el instante en que una mujer decide interrumpir su embarazo, la realidad,
como un guantazo, le recuerda a qué clase pertenece. Llevar a cabo la decisión
tomada para la mujer de clase media y alta no implica, en principio, grandes
riesgos. En Mar del Plata existen, por lo menos, tres reconocidos centros donde
ginecólogos calificados realizan abortos en condiciones de asepsia e higiene.
Se los puede reconocer como ‘clínicas privadas’ o ‘centros de estética y
belleza femenina’, el precio de una primera consulta varia entre 100 y 150
pesos, pero el costo de la intervención alcanza los 6000 pesos. Una cifra
justificada únicamente por su componente clandestino e ilícito.
La prueba más genuina de los abortos realizados en nuestra ciudad, en el sector
privado, resulta del testimonio de aquellas mujeres que han pasado por esta
experiencia y tienen el valor necesario para contarla.
María hoy tiene 30 años pero recuerda cuando con 23 decidió abortar: “Ya era
grande es decir no tenía ese respaldo social de ‘bueno, es chica’ y recibí el
estigma incluso de mi mejor amiga que me dijo: -lo tendrías que haber pensado
antes- . A mi me mató porque yo no quería tenerlo, tenía muchos sueños por
cumplir y no entraba un hijo y me sorprendió como personas que yo creí que me
iban a apoyar porque eran de mi edad y mi clase social me condenaron.
Hablé con otras amigas que habían vivido lo mismo y me recomendaron ir a un
Centro conocidísimo. Primero tuve una consulta, me explicaron todo y al otro
día fui por la mañana con mi pareja y me colocaron un óvulo. Después volví por
la tarde, ahí me inyectaron un sedante y no supe más nada. Cuando desperté una
enfermera me decía que tenía que irme pero yo no podía moverme, me dolía todo
el cuerpo. Los días que siguieron fueron duros pero salió todo bien y hoy
agradezco haber podido acceder a un lugar así.”
La práctica, en sí, es similar en los distintos establecimientos, se introduce
Misoprostol por vía vaginal y, horas más tarde, se realiza anestesia de manera
general. Al despertarse la paciente debe marcharse rápidamente, ya que la
‘clandestinidad’ implica la ambulatoriedad, en perjuicio de su salud. La
utilización de Misoprostol en la actualidad está recomendada por la Organización Mundial
de la Salud, en
su informe acerca del aborto farmacológico.
Jésica en cambio tenía tan sólo 17 años en el momento en que quedó embarazada,
todavía iba al secundario. “Cuando mi ginecóloga me lo dijo me largué a llorar
del miedo, ella entendió el terror que yo tenía y me recomendó un médico de
confianza que practicaba abortos, que quedaba en el centro. El lugar era
tétrico, con esa carga idiota de “clandestinidad” que uno le pone encima, era
oscuro y olía a humedad. Fui con mi novio y nos enteramos del procedimiento,
después me costó muchísimo decírselo a mi mamá, estaba obligada porque era
menor y necesitaba su autorización. Días después fui, me anestesiaron y me
desperté en otro cuarto, el médico me dijo que había salido todo bien, que iba a
tener pérdidas por tres días y que cuando me pudiese mover me tenía que ir.
Pasé mucho días de reposo, en ese momento no comprendí por qué el derecho a
decidir sobre mi cuerpo podía ejercerlo pero de manera oculta, poniéndome en
riesgo. Hoy todavía no lo entiendo”, reflexiona con la voz entrecortada.
En nuestra ciudad forma parte del saber ciudadano poder localizar los
‘aborteros’, conocer sus precios e incluso sus métodos. Probablemente porque
dentro de la sociedad, en ese lugar oscuro de lo que se sabe pero no se dice,
conviven individuos que aceptan que este mercado existe y existirá. Incluso
estas ‘clínicas’ ganan reputación como lugares confiables para mujeres que
buscan, desesperadamente, verse protegidas. Varios testimonios agradecen haber
recibido ayuda económica de familiares y amigos para poder pagar los altos
costos de esta “seguridad”.
Eugenia tuvo
lo suerte de “resolverlo en un día, hay otras que no tienen esa posibilidad”.
Hoy es madre de dos niñas y lamenta no haber podido planificar mejor su vida reproductiva como para evitar someterse a una situación de ese tipo. Ella
asegura que le gustaría que a sus hijas le enseñaran a pensar la maternidad
desde la secundaria, a través del debate y el diálogo.
El sociólogo Jorge Pailles lleva más de treinta años en el estudio de la salud
sexual y reproductiva de Latinoamérica, sostiene que “las clases altas, en
general, tienen mayor libertad de expresión porque tienden a estar evadidas del
pensamiento del otro. En cambio, en las clases bajas las personas allegadas son
más sancionadoras. Hay más cuidado, más vergüenza de decirlo, es más el
silencio y, por ende, es muy difícil sacar el tema por la persecución que
cargan. La mujer que llega a una buena clínica de aborto se siente protegida,
pero la de clase baja siempre está desprotegida”.
Las mujeres de estratos socioeconómicos bajos son las principales víctimas de
los errores y las falencias de los Centros de Salud, encargados de resguardar
la salud sexual y reproductiva y de brindar lo que se denomina consejería en
anticoncepción. Cualquier inoperancia en estos programas de prevención son, en
muchos casos, las causas principales del aborto.
Un embarazo no deseado no es admitido en los sistemas de salud público que
sancionan y juzgan las decisiones personales de las pacientes o el simple
desamparo de la indecisión. Se construyen sistemáticas barreras frente a
cualquier tipo de interrupción, se instaura la sordina, el ruido apagado. Se
extiende la vasta jurisdicción en donde nadie interviene, hasta que las reciben
con hemorragias o complicaciones post aborto.
Generalmente, en este punto, los centros las derivan a los Hospitales Públicos.
Las mujeres que se ven obligadas a internarse lo hacen en situaciones extremas
donde corre peligro su vida misma o su genitalidad. Los abortos hoy en día
continúan siendo la primera causa de mortalidad materna, pero la muerte no es
la única secuela.
Para el doctor Miguel Pasculi, Jefe de la Unidad de Diagnóstico Prenatal del Hospital
Materno Infantil, en Mar del Plata cambiaron “mucho las cifras de mortalidad
femenina porque anteriormente la forma de inducir un aborto era poniéndose
cuerpos extraños o con métodos caseros como sondas, agujas de tejer, tallos de
perejil. La desesperación de las mujeres puede llevarlas a hacer cualquier
cosa”. Pasculi afirma que hubo un gran cambio a partir de que se popularizó de
forma clandestina el uso de prostaglandina, Misoprostol. “La tendencia al
aborto provocado no disminuyó ni mucho menos, pero antes se veía mucho síndrome
de Mondor, que es el aborto ya infectado, en éstos casos la mitad de las
pacientes morían, con el Misoprostol se observan menos complicaciones, al
punto que muchas veces no es necesario ni intervenir”, agrega.
El aborto séptico constituye en la actualidad un problema médico, social y
económico a nivel mundial: por la gran demanda de atención médica, por los
elevados costos y por las tasas de morbilidad y mortalidad materna. “Las
complicaciones por abortos inseguros consumen una gran proporción de recursos
del sistema sanitario, quince veces más que la atención de un aborto de manera
segura y puede significar una gravosa carga económica sobre el sistema de
salud”, argumentan Anibal Faúndes y José Barzelatto en “El drama del aborto,
en busca de un consenso”. Resulta mucho más conveniente enfrentar el
problema: invertir en políticas de prevención y de atención frente a embarazos
no deseados, que seguir negándolo.
El derecho sobre uno mismo
Como refieren Jorge Pailles y Luis María Aller Atucha, en el libro "La práctica delaborto en argentina" :
“La mujer que ha decidido abortar está condicionada por el entorno, es el que
la define y limita sus opciones. Cada situación depende del contexto social de
pertenencia, el nivel de ingreso, si el ambiente es urbano o rural y otros
factores culturales y sociales, pero todos tienen un denominador común: la
ausencia de programas de planificación familiar”.
Si se asume una política que tiene como bandera la
defensa de los derechos humanos, no se puede ignorar el problema del aborto
porque atenta contra los derechos individuales de las mujeres.
Para la abogada y referente del partido Libres del Sur, militante por la
legalización del aborto, Victoria Vuoto, está claro que tenemos una legislación
antigua, que tenemos una norma penal que tiene como fin prohibir que esa
conducta se lleve a cabo, a través del temor a la sanción.
Pero la norma no sólo no cumplió los objetivos, sino que generó gran cantidad
de efectos adversos. Por eso resulta necesario que la práctica se introduzca en
el ámbito de salud. “Cuando una mujer se encuentra frente a un embarazo no
deseado o cuando desea planificar su maternidad, todo eso es parte de la
política pública de salud de un gobierno, no del derecho penal, es un problema
social, no se puede penalizar la pobreza, tampoco el aborto”, opina Vuoto.
Por eso más de doscientas organizaciones de la sociedad civil se han reunido
para presentar ante el Congreso un proyecto de ley que ya ha obtenido la firma
de más de una veintena de diputados de las principales fuerzas políticas.
Sin embargo, su debate legislativo continúa postergándose en la Cámara de Diputados. ¿Acaso
las mujeres pobres, que mueren a causa de la penalización, no tienen poder
político para los legisladores, no tienen carácter de urgencia?.
El problema nos transforma como sociedad, pero también como individuos, porque
no sólo es imperioso modificar las legislaciones vigentes que acrecientan la
injusticia social, sino cambiar nuestras actitudes, nuestro punto de vista
frente al aborto. Únicamente el desarrollo de nuevas subjetividades puede
implicar cambios estructurales en la sociedad. “El aborto constituye una clara
señal de una fracaso social, el fracaso de millones de individuos para prevenir
embarazos no deseados a través de la anticoncepción y el fracaso del gobierno
para llenar las necesidades insatisfechas de la planificación familiar”,
confirman Jorge Pailles y Luis María Aller Atucha.
Quitémonos las vendas, veamos a las cientos de mujeres que mueren por ser
pobres, por nuestra negación, por nuestra desidia. La indiferencia
gubernamental se contradice con las promesas políticas de igualdad y nos revela
que, en verdad, perpetuar la inequidad sigue siendo la base de nuestro sistema.
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